Por Javier Yacoy
El Congreso de la Nación se encuentra en el ojo de la tormenta por la inminente actualización de las dietas de los senadores. A partir de enero de 2025, los sueldos de los legisladores podrían alcanzar los $9,5 millones en bruto, un aumento que podría generar un nuevo estallido social.
La posibilidad de un aumento se deriva de la aplicación de la Ley de Enganche, tratada durante la última gestión de Cristina Fernández, que vincula los salarios de los empleados legislativos con las dietas de los senadores. Este mecanismo ha generado ajustes automáticos en función de las paritarias, lo que significa que cada vez que los empleados del Congreso reciben un aumento, las dietas de los senadores también se incrementan.
La vicepresidente, Victoria Villarruel, ha expresado su preocupación por la situación y ha pedido que se extienda el congelamiento de las dietas. «Espero que los senadores lo traten porque no soy senadora, no soy la que toma las decisiones», afirmó durante una conferencia de prensa. Villarruel ha instado a los legisladores a «estar a la altura de las circunstancias» y a mantener las dietas congeladas, especialmente en un contexto de crisis económica y social.
Sin embargo, la presión de Villarruel no parece haber tenido el efecto deseado. En el Senado no hay consenso para prorrogar la medida. Fuentes cercanas a este medio, dicen que los legisladores buscarían una actualización salarial por debajo de la inflación acumulada, lo que implicaría un ajuste menor pero igualmente significativo.
Esta postura ha generado fuertes críticas, ya que se considera que cualquier aumento en las dietas de los senadores sería un acto de desfachatez e insensibilidad hacia la situación que atraviesa la población.
La situación se complica aún más al comparar las dietas de los senadores con las de los diputados. En la Cámara de Diputados no se aplica la ley de enganche, lo que ha provocado un desfasaje en los sueldos entre ambas cámaras. Actualmente, las dietas de los diputados rondan los $3,5 millones en bruto, a lo que se suman $625 mil por desarraigo, muy por debajo de lo que podrían percibir los senadores a partir de enero.
La comparación con los ingresos del Presidente y la Vicepresidente también genera controversia. Javier Milei, Presidente de la Nación, percibe un salario bruto de $4.066.018, mientras que Victoria Villarruel, Vicepresidente y titular del Senado, recibe un salario bruto de $3.764.820. Menos de la mitad de lo que reciben los Senadores.
El Congreso se encuentra en un punto crítico. La decisión que se tome sobre el aumento de las dietas tendrá un impacto directo en la percepción pública y en la tensión social.