x Javier Yacoy

Sin segunda votación y con un silencio generalizado, la Vicegobernadora desempató una ley que no debía aprobarse. Solo La Nación y este medio local se atrevieron a contarlo.

 

El martes pasado, mientras muchos bonaerenses trabajaban, viajaban o simplemente seguían con su vida cotidiana, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires ocurría algo grave. Muy grave. Se aprobaba la media sanción de una ley que habilita la reelección indefinida para concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales. Pero no se hizo como corresponde: se violó el reglamento interno. Se pasó por alto un paso clave. Se despreció el procedimiento. Y lo más increíble: nadie dijo nada.

El proyecto fue presentado por el senador peronista Luis Vivona. Con 27 senadores presentes (el mínimo era 24 sobre un total de 46), se dio por iniciado el debate. El bloque oficialista tenía 21 miembros, aunque se registraron dos excepciones: Fagioli, ausente; Vanelli, en contra. A esos apoyos se sumaron Daletto (UCR + Cambio Federal) y los libertarios disidentes Kikuchi y Vargas. Resultado: empate 22 a 22.

¿Y qué dice el reglamento ante un empate? Que se abre un nuevo debate y se realiza una segunda votación. Si vuelve a empatar, recién ahí desempata la Presidencia. Eso está escrito, claro, en el artículo 102 del Reglamento Interno. No es opinable. No es interpretable. Es la norma.

 

 

 

Acceda aqui al reglamento interno: https://senado-ba.gov.ar/PdF_WEB/Marco_Normativo/marco_reglamento_interno.pdf

Pero eso no ocurrió. Verónica Magario, Vicegobernadora de la Provincia y Presidenta del Senado, desempató directamente sin dar lugar a una segunda votación. Lo hizo con tono solemne y una frase destinada a quedar en algún archivo: “A diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”. Hacía referencia al “voto no positivo” de Julio Cobos en 2008. Pero esta vez no fue un acto institucional digno. Fue una violación al procedimiento.

Y lo que sigue es aún más desconcertante: ningún senador alzó la voz. Ni los que estaban en contra, ni los que sabían que el procedimiento estaba mal. Nadie pidió que se cumpla el reglamento. Nadie detuvo la sesión. Nadie presentó objeciones después. Silencio. Cómplice.

 

Apenas La Nación a nivel nacional, y este medio local, fuimos los únicos que alertamos sobre esta trampa institucional. El resto de los medios calló. ¿Por desinterés? ¿Por alineamiento político? ¿Por no molestar a los de arriba?

¿Qué implica esto?

• Que se vulneró el procedimiento legislativo.
• Que hay un vicio formal en la sanción.
• Que la ley puede ser impugnada judicialmente.
• Que puede frenarse su aplicación.
• Que los legisladores opositores aún pueden exigir que se rehaga el tratamiento.

Pero sobre todo, implica algo que como ciudadanos no podemos dejar pasar: nos mintieron en la cara y lo hicieron con total impunidad. Usaron el poder para saltearse las reglas, para garantizarse a sí mismos la posibilidad de quedarse en sus bancas el tiempo que quieran. Como si el poder fuera suyo, no del pueblo.

¿De qué sirve que existan reglas si quienes deben respetarlas son los primeros en violarlas?

La política está podrida cuando sus protagonistas creen que pueden torcer la ley para beneficio propio sin que nadie se dé cuenta. Pero esta vez nos dimos cuenta.

Esta no fue una ley más. Fue una jugada ilegítima para blindar privilegios. Para que los mismos de siempre sigan atornillados a sus cargos. Para que la casta que dice representarnos se asegure la permanencia indefinida en los sillones del poder.