SAN ANDRES DE GILES SITIO OFICIAL!
El debate por el sistema de fotomultas en San Andrés de Giles sumó un nuevo y llamativo capítulo político. Apenas días después de que el oficialismo rechazara un pedido de informes impulsado por el bloque PRO para conocer detalles del funcionamiento del sistema, el Honorable Concejo Deliberante aprobó ahora por unanimidad una comunicación que solicita suspender las fotomultas por 180 días.
La decisión generó sorpresa dentro y fuera del recinto, especialmente porque semanas atrás el bloque de Unión por la Patria había votado en contra de profundizar el debate sobre las presuntas irregularidades señaladas por la oposición.
En aquella sesión, la concejal Mercedes Condesse había expuesto fuertes cuestionamientos al sistema implementado en el distrito. Entre otros puntos, mencionó observaciones del Honorable Tribunal de Cuentas vinculadas a la falta de controles municipales suficientes, problemas en las notificaciones a los vecinos y dudas sobre la participación de la empresa privada Tránsito Seguro S.A. dentro del convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín.
“Si no habría nada que ocultar y todo sería transparente y todo sería legal, lo más lógico es que el municipio abriera sus puertas”, había manifestado la edil durante aquella discusión.
Tras esas declaraciones, el Intendente Miguel Gesualdi salió públicamente a responder mediante un video, donde defendió la transparencia de la administración y aseguró que hablar de posibles hechos de corrupción “solo genera un manto de dudas” en la comunidad. Además, remarcó que la Rendición de Cuentas 2024 fue aprobada por el Tribunal de Cuentas y sostuvo que el Municipio se encuentra “entre los más transparentes de la Provincia de Buenos Aires”.
Sin embargo, el escenario político cambió en la última sesión. Sin mayores intervenciones públicas ni explicaciones extensas por parte del oficialismo, el Concejo aprobó por unanimidad la comunicación presentada por el PRO para pedir la suspensión del sistema de fotomultas durante 180 días.
La propia Condesse marcó la contradicción política durante el debate y deslizó que resulta llamativo que primero se negara acompañar un pedido de informes y luego se terminara avalando de manera unánime la suspensión del sistema cuestionado.
El eje del conflicto sigue siendo el mismo: el funcionamiento del esquema de fotomultas, la transparencia administrativa y el destino de los fondos recaudados. Ahora, la decisión final quedará en manos del Departamento Ejecutivo, que deberá reglamentar —o no— la suspensión solicitada por el cuerpo legislativo.
